Luro: investigan el caso de una chica boliviana que vivía como “esclava”

Una terrible historia de una joven boliviana que vive en nuestra región se visibilizó en los últimos días, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debiera definir un incidente d...

Una terrible historia de una joven boliviana que vive en nuestra región se visibilizó en los últimos días, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debiera definir un incidente de competencia y encuadrara la causa penal como trata de personas.

La chica, que a los 13 años pudo contar su calvario en la escuela de Pedro Luro a la que concurre, se sentía esclava, porque vivía como esclava.

La reciente resolución judicial del máximo tribunal -votos de los cortesanos Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti- definió la competencia a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de nuestra ciudad, ya que la causa, inicialmente, había sido tramitada ante el Juzgado de Garantías Nº 2 del fuero ordinario.

La lupa está puesta en los padres adoptivos de la joven, a quienes solo identifica con las iniciales B.R.C y H.C.F., para preservar la identidad de la víctima que hoy sigue siendo menor.

La denuncia se presentó hace un par de años, cuando la vicedirectora del colegio lurense al que acude la chica recibió información de una especialista del equipo orientador de la institución.

La joven había podido confesar en una entrevista que era golpeada, insultada y obligada a realizar tareas domésticas en cualquier momento día y que incluso su padrastro la tocaba en sus partes íntimas.

En ese encuentro había rogado no volver más a su casa, por temor a las represalias que pudieran tomar con ella.

El Servicio Local de Villarino tomó intervención y ante sus profesionales la joven boliviana confirmó los mismos detalles que había aportado en el ámbito escolar.

Al no existir otros referentes familiares, se dispuso el traslado de la joven a un hogar convivencial del distrito, donde se le dio resguardo y se conoció más información de la espeluznante historia.

Por ejemplo, que su madre biológica la había "entregado" de muy pequeña a sus padres adoptivos en Bolivia y que después viajaron a nuestro país y, en principio, se establecieron en la zona del Gran Buenos Aires, donde un hermano de su padrastro tenía un horno de ladrillos.

No sabe por qué motivo, pero se enteró de que le habían cambiado su nombre de origen.

Con el paso del tiempo quiso regresar a su país para escapar del calvario y reconstruir su historia, pero los acusados se lo negaron sistemáticamente, al decirle que su madre biológica la había vendido, que no la vería nunca más y que ella ahora les "pertencía".

"Me obligaban a hacer los quehaceres domésticos a cualquier hora, como si fuera una esclava. En vacaciones, además, me hacían trabajar en el campo", relató.

La joven había conocido a sus padres adoptivos porque, ya de muy pequeña, en su tierra natal, era obligada a cuidar a la madre de su padrastro.

Cuando viajaron hacia la Argentina, junto con ellos había dos adolescentes, aunque según la declaración de la chica "les hicieron documentación falsa" y les dieron documentos de sus hermanas, que se parecían a ellas.

Sin embargo, esas jóvenes, finalmente, se quedaron en el territorio boliviano por problemas con "los papeles" y la pareja decidió continuar viaje con ella hacia Buenos Aires, donde trabajó por un año, a la par de los adultos, en un horno de ladrillos que sería propiedad del hermano de su padrastro, hasta la llegada a Villarino.

"Un mejor porvenir"

La chica también relató que llegó a tener comunicaciones telefónicas con sus hermanos en Bolivia y con su tía/abuela biológica, quien habría justificado su "entrega" porque iba a tener "un mejor porvenir".

En una oportunidad, además, se pudo comunicar con su madre natural, aunque en ese caso su padre adoptivo se quedó cerca de ella como para "vigilar" las respuestas y la obligó a decirle que se encontraba bien.

Funcionarios del Servicio Social confirmaron que la menor tiene marcas de golpes y heridas en distintas partes de su cuerpo, que serían de algunos graves episodios de violencia sufridos en el ámbito intrafamiliar.

Con la denuncia, en primer lugar tomó intervención la fiscalía provincial, pero a partir de las pruebas reunidas y la declaración de la víctima en la cámara Gesell, donde ratificó que la explotación se prolongó durante unos 9 años, se estableció que debía intervenir un juzgado federal, por existir indicadores de trata de personas.

El Juzgado Federal N° 2 de Bahía aceptó, en principio, la competencia atribuida y asumió la investigación, aunque tiempo después concluyó, a partir de nuevas medidas, que los hechos encuadrarían en una reducción a la servidumbre (artículo 140 del Código Penal), es decir de injerencia provincial.

El juzgado provincial rechazó esa posición y sostuvo que los informes desarrollados por un área especializada de la Policía Federal y la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron, "de manera indubitable", el cruce de frontera de la niña con la pareja bajo sospecha en 2012 y las demás circunstancias que hacen presumir la existencia de un delito de corte federal.

Trabado el incidente de competencia, la Corte resolvió la cuestión y dispuso que la Justicia Federal bahiense continúe con la investigación del terrible caso.

La posición del procurador

Postura. El procurador de la Nación, Eduardo Casal, había opinado en su dictamen que a partir del "categórico" relato de la víctima y otras pruebas no puede descartarse la existencia del delito de trata de personas.

Vulnerabilidad. Explicó Casal que para llegar a esa conclusión tiene en cuenta la corta edad de la víctima, su origen extranjero, el contexto de clara vulnerabilidad, la nula contención y el posible aprovechamiento de los imputados. Lo mismo que los abusos sexuales, que se situarían en el contexto más amplio de la explotación.

Falsedad. También destacó que los padrastros ejercieron autoridad sobre ella en el marco de una relación parental de adopción que no está acreditada y que su DNI se registró con datos ideológicamente falsos, insertos en el certificado de nacimiento que se habría emitido en territorio boliviano.