El bahiense Francisco Cantamutto es una de las personas que figura en el listado de víctimas del presunto espionaje ilegal que la Agencia Federal de Inteligencia denunció en la Justicia.

“Es una pena y una tragedia que sigan operando estos mecanismos de espionaje sobre la población”, expresó el economista.

Admitió que le parecía una locura y una rémora de “tiempos peores” que en democracia sigan “espiando” a ciudadanos solamente por estar opinando y agregó que, parte de lo que salió a la luz en la reciente denuncia, pone en evidencia que se les cuestiona el sólo hecho de opinar a través de publicaciones en distintos medios.

Según remarcó, no le sorprende haber sido espiado y admitió que ya sabía junto a otras 60 personas que habían sido espiados en el año 2017 cuando se iba a desarrollar en nuestro país la reunión de la Organización Mundial del Comercio. Recordó que, en esa ocasión, el gobierno de Mauricio Macri les impidió participar alegando que incitaban a la violencia. “Esto no es una novedad, me alegra que se haga público”, enfatizó.

Ante el impedimento de participar del encuentro, Cantamutto presentó un habeas data con asesoramiento legal del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), para que el ministerio de Seguridad y la AFI expliquen cómo recabaron la información sobre él y por qué afirmaban que incitaba a la violencia.

“No había motivo para hacernos un seguimiento, no éramos una amenaza para el orden público, no incitábamos a la violencia. La Cámara de Apelaciones en mi caso me dio la razón y el Ministerio de Seguridad tiene que responder qué datos recabó”, indicó.

Por último, advirtió que esta metodología el gobierno anterior la llevaba adelante sin un motivo y sin una autorización de un juez: “Es una canallada, más allá que a las 60 personas nos impidieron de participar de una reunión en calidad de oyente, ninguna estaba haciendo lo que se nos acusaba”.

“La investigación interna no la tendrían que haber hecho y encima lo hicieron mal”

La investigadora del CONICET, Luciana Ghiotto, es otra de las personas que fue investigada por el gobierno de Macri en el año 2017, en la previa del desarrollo de la reunión de la Organización Mundial de Comercio.

“Además de los grandes nombres, aparezco yo, una persona de a pie y se vincula con la reunión ministerial de la OMC en 2017, año en el que hice muchas actividades relacionadas con los temas a tratar en esa reuni[on de la OMC”, explicó también en Radio Altos.

Según afirmó, el gobierno de Macri hizo una investigación sobre las personas y organizaciones que querían entrar a la reunión ministerial que se organizó en la Argentina hace casi 3 años y a partir de la información recabada sacaron conclusiones de que "podíamos boicotear el encuentro y nos acusaron de incitar a la violencia".

"Y fue un papelón internacional, porque más allá de los cuestionamientos razonables que se pueden hacer a la OMC es bien cierto que esas organizaciones estamos autorizadas para participar de lo que se llama las reuniones ministeriales. Sin embargo acá, el gobierno de Macri, no lo permitió y eso hasta fue cuestionado por la propia organización internacional", dijo a continuación.

“Hicieron una inteligencia mala. La investigación interna no la tendrían que haber hecho y encima la hicieron mal”, insistió.

Repudio de la UNS

“Entendemos que de comprobarse el accionar ilegal denunciado, debe ser objeto del repudio de toda la sociedad que ha elegido para nuestro país la vida democrática, la pluralidad de ideas y el respeto a la libertad, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Los responsables de poner esos valores en riesgo deberán ser sancionados con la mayor severidad prevista por nuestras leyes”, indicó Vega, el rector de la UNS, entre otros conceptos.

Fuente: Frente a Cano y La Brújula 24