Delincuencia juvenil: en Bahía baja el porcentaje de causas contra menores

Audionota: Natalia MarinelliComo con cada gobierno de derecha y que promueve la “mano dura”, la administración de Javier Milei apura un proyecto para la reforma del Reg...

Audionota: Natalia Marinelli

Como con cada gobierno de derecha y que promueve la “mano dura”, la administración de Javier Milei apura un proyecto para la reforma del Regimen Integral de Atención al Menor en Relación con el Delito, aunque el objetivo principal es bajar la edad de imputabilidad, que hoy es de 16 años en la Argentina.

Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, analizan la iniciativa que procuran girar al Congreso para su tratamiento.

Detrás del principal cometido, se anuncia la creación de juzgados especiales de atención para menores, un plan de seguimiento reeducativo y espacios distintivos en cárceles comunes para los más chicos.

Se busca bajar la edad, aunque todavía no hay consenso a cuánto: algunos pretenden llevarla a 14 y otros a 12. O está la idea de Bullrich, de bajar a 14 para delitos leves y 12, en el caso de los más graves, como homicidios.

En la actualidad, los adolescentes son punibles desde los 16, aunque recién a los 18 cumplen una eventual pena en una cárcel. Mientras tanto, pueden estar privados de la libertad en un instituto especializado con distintos regímenes, como abierto, intermedio o cerrado.

Lejos de las luminarias del cartel de la edad, el tema de la creación de nuevos espacios de atención, tratamiento y alojamiento pasaría a ser uno de los grandes desafíos, porque demandaría una gran erogación de recursos, ya sea por la cuestión edilicia, material y humana.

De hecho, esa es una de las problemáticas graves que padece desde hace décadas el sistema penitenciario en adultos, una sobrepoblación que no se logra disminuir: la cantidad de presos aumenta en proporción mayor a los lugares de detención y en algunos ámbitos está colapsada.

“El debate no debe girar solamente sobre la edad de imputabilidad”

En ese marco se avecina una fuerte discusión parlamentaria, política y social que, como casi todas las que tienen raíz ideológica o filosófica en nuestro país, divide aguas.

La pregunta es si, ante otros temas apremiantes, como la pobreza de más de  la mitad de la población, se justifica bajar la edad de imputabilidad.

¿Qué dicen los números más allá del impacto que produce un delito grave cada vez que hay un menor involucrado?

Según recientes estadísticas oficiales de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, al menos en el caso de Bahía Blanca y toda su región, los delitos cometidos por menores tienden a la baja en términos porcentuales.

El análisis comparativo corresponde a los últimos 10 años: en 2014, las causas iniciadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil conformaban el 4,6% del total (1.183 de 25.514). El pico fue en 2015 (1.224 de 24.398) y 2016 (1.259 de 25.099), con el 5% del total de los delitos.

Sin embargo, desde esa fecha se observa una curva descendente: 4,7% en 2017; 4,2%, en 2018; 4,6%, en 2019; 4,1%, en 2020; 3,5%, en 2021; 3,6%, en 2022 y 3,7% en 2023, cuando se iniciaron 1.196 causas a menores, de un total de 31.970 general.

Delitos más graves

Quienes apuntan a bajar la edad de imputabilidad centran su reclamo en que hay más menores vinculados a delitos graves.

En el caso del Departamento Judicial Bahía Blanca, en la última década se reportaron 166 homicidios dolosos (simples, agravados, criminis causa o en ocasión de robo), de los cuales solo 16 tuvieron a menores de 18 años entre sus autores.

Sí se nota un incremento en la curva de los delitos sexuales, tal como sucede con adultos.

Desde 2019 a 2023, la cantidad de denuncias por violaciones o abusos sexuales en los cuales intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil superaron los 3 dígitos, cuando entre 2014 y 2018 el promedio de denuncias en ese rubro promediaba 66.

En 2022, según el informe oficial, hubo en Bahía y la región un total de 153 delitos sexuales en los cuales estaban involucrados menores, mientras que en 2023 esa cifra llegó a 135.

Otros delitos destacados en el ámbito juvenil -que también se incrementó en general, a partir de la violencia imperante- son los encuadrados como lesiones (leves, graves, culposas y hasta abusos de arma), que conforman un buen porcentaje del total de los delitos de menores.

El año pasado se iniciaron 256 causas, cercanas a los picos de 2015 y 2016, cuando se produjeron 259 y 261, respectivamente.

Dos visiones

El sociólogo, jurista y doctor en Derecho, Roberto Gargarella, en contra del proyecto, opinó que "la privación de la libertad es una respuesta que no resuelve el problema, sino que agrava la cuestión".

"El problema no pasa por ese debate, sino por otro que incluye, en efecto, la pregunta sobre un enfoque integral (que no piense los conflictos sociales como meros conflictos penales, sino, sobre todo, como lo que son: problemas colectivos) y, otro, relevante como la anterior, específicamente jurídico", dijo, en declaraciones a Página 12.

Según dijo Gargarella en medios nacionales, el sistema penal toma como primeras respuestas las que son tradicionalmente de última instancia, como la privación de la libertad.

A favor de la iniciativa, la jueza del fuero Penal Juvenil de Córdoba, Nora Giraudo, dijo que "desde hace más de 20 años que se han presentado proyectos de reforma contemplando esta situación. Hoy, el Código Civil establece que a partir de los 13 años la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Siempre que haya un delito existe la obligación de investigar.

"Es un tema complejo porque hay diversos intereses en juego: los del joven transgresor, las víctimas y la sociedad toda para que se descubra la verdad. Parte de la doctrina que no quiere que se intervenga cuando los menores delinquen y que solo sean abordados desde lo tutelar. Si se comete un delito, tengan 10, 12 o 70 años, lo que se activa es el sistema penal". 

Giraudo, en diálogo con Perfil, agregó que "hay una ley que protege a las víctimas, entre muchos tratados internacionales de derechos humanos que reconoce el país. No está solo el derecho de los menores que se encuentran sometidos a un procedimiento penal juvenil.

Qué pasa en el resto de América

Límites. En Brasil la imputabilidad se inicia a los 12 (medidas socioeducativas); a partir de 13 en Uruguay (sistema infraccional), mientras que el piso es 14 en Bolivia, Chile y Paraguay. 

Caribe. Naciones del Caribe tiene el piso más bajo, como Granada y Trinidad y Tobago, donde es de 7 años y Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas (8).

Recomendación. Unicef recomienda que la edad de imputabilidad no sea menor a 14 años y advierte que existe evidencia internacional que bajar de ese piso no fue efectivo para el combate a la inseguridad. 

Madurez. El organismo también dijo que la madurez y capacidad de pensamiento abstracto todavía está evolucionando en chicos de 12 y 13 años.