Mediante un proyecto de ley impulsado por la diputada radical de Juntos por el Cambio, Anahí Bilbao, que ya tiene estado parlamentario, se propone modificar el art.17 (derogando el 17bis) de la Ley 6982 (por la que se ratificó la creación del Instituto de Obra Médico Asistencial) con el objetivo de que tanto el gobernador provincial, el vicegobernador, los legisladores, los jueces, el procurador y subprocurador de la Suprema Corte, los intendentes municipales y otros funcionarios con cargos electivos de las comunas (actualmente exceptuados) sean incluidos en la obligatoriedad de aportar a la obra social bonaerense.

La legisladora lapridense, autora del documento legislativo, adujo que “son excepciones totalmente injustas que configuran un privilegio sin fundamentos en los tiempos que se vive. Es intolerable que esas personas que ocupan tan altos cargos no contribuyan al sostenimiento del IOMA en beneficio de los afiliados. Los argumentos que se esgrimieron oportunamente para las excepciones no son válidos y surgieron como corolario de presiones políticas sectoriales. No podemos avalar una situación de privilegio frente a los demás aportantes del sistema, los agentes del resto de los poderes del estado”.

Siempre en ese marco, Bilbao señaló que “estamos en medio de una grave pandemia y se necesita del esfuerzo de todos para optimizar los servicios sanitarios con el propósito de mejorar la atención de la salud de los bonaerenses. Y mucho más–agregó–teniendo en cuenta las constantes dificultades que viene atravesando el IOMA con reclamos tanto de los profesionales como de los afiliados, que finalmente repercuten en coberturas deficientes e incompletas”, indicó la diputada radical.