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Siguen las complicaciones para las nuevas autoridades de CORFO

Un sumario interno dice que Vergara y Carbo sabían de la factura que derivó en la denuncia penal que hoy investiga la justica bahiense.

La actual dirigencia de la Corporación de Fomento del Río Colorado tenía conocimiento de la existencia de la factura cuya difusión derivó en una denuncia penal por parte de los productores contra el ente de riego, mucho antes de que la boleta en cuestión fuera hecha pública en septiembre pasado.

La información surge del sumario interno que realizó la institución semanas atrás, en el que se entrevistó a varios integrantes del personal de planta, entre quienes se encontraban los actuales administrador general Ramiro Vergara y gerente técnico Juan Ignacio Carbó.

La factura, por 231.900 pesos, se había pagado por obras de infraestructura en un canal de riego; la beneficiaria había sido la fotógrafa Lorena Constantini, pareja de un empleado administrativo de Corfo. Se confeccionó el 8 de julio, apenas una semana después de su alta en la AFIP. Su hallazgo se produjo sobre fin de ese mes, y el 3 de agosto llegó -a través de un correo electrónico anónimo- a miembros del Consorcio Hidráulico. Un mes más tarde se hizo pública a través de una cadena de Whatsapp, y la denuncia se radicó a fin de septiembre, sin que -hasta ese momento- el ente de riego diera respuesta a los reclamos legales de los productores sobre lo que había ocurrido.

Las charlas transcriptas del sumario interno dan a entender que otros empleados del ente también estaban en conocimiento de la existencia de esa factura y que varios llegaron a preguntar sobre ella al por entonces gerente administrativo Cristian Eval -que la había firmado, autorizando el pago-, indagando por cuestiones vinculadas a la obra a realizar, el monto que se estaba abonando o a quién se le estaba pagando. Las respuestas dadas por el -después renunciante- funcionario fueron diversas: compra de materiales, reformas en el  Área de Servicios de Equipos, tendidos eléctricos, “algunas cosas de Corfo”, mejoramiento de imagen de edificios en general, y refacción y reparación de pasarelas peatonales.

Como punto saliente, en las interpelaciones surge que, mucho antes que se diera a conocer a través de los medios y las redes sociales, Carbó había accedido a una copia digital de la factura a través de su pareja –una empleada administrativa de Corfo-, quien había sentido curiosidad al ver que el documento se refería a una obra a realizarse dentro del sector del cual él era responsable.

En la entrevista presumarial, el hoy gerente técnico señala que “no estaba en conocimiento de la obra que figura en el detalle de la factura” y que “nunca, hasta ese momento, supo de la existencia de dicha obra”. Además, cuenta que los trabajos se habían solicitado y pagado sin su consentimiento –NdR: es decir, contrariamente a como establece el reglamento-, habida cuenta que por ese entonces se desempeñaba como intendente de riego en el sector donde se habían solicitado los trabajos.

Incluso, asegura que a la fecha en que presentó indagatoria (por el 9 de octubre último) esas tareas presupuestadas y pagadas como hechas aún no estaban realizadas: “no hay ningún puente al que se le haya hecho apuntalamiento, derribo de pilotes, pilotes nuevos ni relleno de hormigón”; también niega la necesidad de llevar a cabo una obra de esas características en ese sector.

En cuanto a Ramiro Vergara, en su declaración indica que había solicitado en varias ocasiones acceder al documento, ya que se había enterado de su existencia a través de trascendidos internos de Corfo. Es más, uno de los entrevistados asegura que el hoy administrador general solicitaba una copia del documento porque “tenía acceso a una persona en Provincia y que, con un informe suyo, podían tomar medidas contra los responsables de esa factura”. Sin embargo, el actual número uno de Corfo aclaró, durante el sumario, sostiene que nunca tuvo la boleta en su poder antes de que se hiciera pública y que recién pudo verla cuando apareció en los medios de comunicación: “nunca la vio dentro de la corporación ni en papel”, señala el documento.

Extrañamente, en ninguno de los testimonios se cuestiona por qué no se realizó algún tipo de denuncia al observar que se podía estar en presencia de un hecho de corrupción, sobre todo por tratarse de una factura confeccionada sin seguir los pasos administrativos correspondientes y expedida a una persona recién inscripta en AFIP que no parecía contar con los recursos ni la experiencia necesarios para realizar trabajos de esa envergadura.

Por el contrario, en las entrevistas realizadas a principios de octubre por el exadministrador general León Somenson, se hace un especial hincapié en tratar de dilucidar de qué forma se filtró la factura hacia el Consorcio Hidráulico, determinar cuál era el estado de ánimo de los empleados y el ambiente de trabajo, y no en averiguar si las obras en cuestión habían sido realizadas o si la adjudicación de los trabajos se había desarrollado en forma correcta y con observancia de la reglamentación. Tampoco se pudo tomar declaratoria al contador Eval, ya que –para ese entonces- había presentado su renuncia.

Días más tarde de estas actuaciones, Somenson fue removido de su cargo -a tan solo una semana de jubilarse- y Vergara fue elegido por la Provincia como nuevo administrador general de Corfo.

El Consorcio amenaza con nuevas denuncias

En la semana, el Consorcio Hidráulico volvió a enviar una carta documento a Corfo, reclamando -por tercera vez- que el ente de riego ponga a su disposición los registros contables correspondientes a los últimos cuatro años.

El pedido se llevó a cabo remitiendo una copia del mismo al Tribunal de Cuentas bonaerense, a la Contaduría General de la Provincia y al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Además, se aclara que si nuevamente no se obtiene respuesta alguna, se procederá a iniciar una acción de amparo por mora en la administración pública provincial, otra por violación al derecho de acceso a la información pública, y una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los productores también reclaman que se indique cuáles fueron los métodos que se siguieron en los últimos cuatro años para realizar contrataciones, procedimientos de pago y procesos de selección de personal.

Además, se pide conocer oficialmente los presupuestos 2019 y 2020 del ente; las declaraciones juradas de la nueva cúpula directiva, y los ingresos y egresos a partir de la asunción del nuevo administrador.

 

Fuente: La Nueva.

 

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