La organización ambientalista Greenpeace catalogó de insuficientes las medidas para controlar el fuego en las provincias afectadas y exigió que se amplíen significativamente los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra los incendios.

Además, desde la organización demandaron que la deforestación de bosques nativos, la destrucción de humedales y los incendios intencionales sean catalogados como delitos penales. 

“Hasta hoy vemos como en el Delta del Paraná y en las Sierras de Córdoba persisten los incendios. Esto beneficiará únicamente a los empresarios agropecuarios e inmobiliarios que planean hacer uso de esas tierras para sus actividades económicas. Necesitamos que los incendios intencionales sean catalogados como delito penal, para frenar la destrucción de nuestros ecosistemas”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace. 

Entre Ríos es la provincia más afectada del país, por los incendios en el Delta del Paraná. “Esto deja en evidencia que necesitamos de manera urgente la sanción de una Ley de Humedales, que asegure la finalización de un inventario nacional, una moratoria que impida cualquier actividad sobre humedales hasta que dicho inventario sea finalizado y la inclusión de la figura de delito penal”, agregó Mingo.
 En lo que va del año, en el Delta se registraron 32.445 focos de incendios, que afectaron aproximadamente a 200.000 hectáreas. 

Según un reporte del Servicio Nacional del Manejo del Fuego emitido esta semana,  hay 11 provincias afectadas por los incendios a la fecha: Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy, La Rioja y San Luis.