La jueza federal María Gabriela Marrón, que le cerró la puerta a la mamá de Facundo, que dos veces rechazó el pedido de la querella para recusar al fiscal Ulpiano Martínez, sobre el que existen sobradas pruebas de parcialidad manifiesta y actuar abiertamente a favor de la policía Bonaerense, acaba de inaugurar un nuevo capítulo en esta serie de humillaciones que deben soportar Cristina y sus abogados por parte del Estado.

La representante del Poder Judicial bahiense acaba de emitir una cédula donde solicita sanciones y acciones penales contra el abogado Luciano Peretto por haber dicho en un medio de televisión que Facundo fue víctima de desaparición forzada.

¿Qué otra cosa debería haber dicho, si la causa justamente se investiga por ese delito? Sin embargo, la jueza considera que esto estaría reñido con el principio de confidencialidad al que todas las partes adhieren en el expediente. Una falacia absoluta, toda vez que el abogado no ventiló cuestiones vedadas por el secreto de sumario sino que sólo se refirió a la hipótesis que se investiga, y que, por supuesto sostienen, él, su colega Aparicio y la familia de Facundo, dada la cantidad de pruebas que llevan a concluir que el joven tuvo ese trágico destino.

En su cédula, Marrón indica que oficiará “al Colegio de Abogados de Bahía Blanca, a fin que evalúe disciplinariamente su conducta. (…) Asimismo, remítase a la Fiscalía Federal en turno el video señalado precedentemente (donde es entrevistado Peretto NdeR), toda vez que la conducta de Luciano Peretto podría encontrarse incursa en un delito de acción pública y competencia federal”.

En su escrito la jueza Marrón indica que "atento las declaraciones públicas efectuadas en medios masivos de comunicación los días 26 y 27 del corriente mes y año, se reitera a las partes y a la perita de parte el deber de confidencialidad y reserva que pesa sobre ellos", deduciendo que se violó ese principio. Miente. Solo la propia Cristina Castro se refirió a la autopsia y sobre ella no pesa ningún tipo de restricción.

Además hay que señalar, las declaraciones de Peretto no tienen que ver la autopsia sino con los hechos y pruebas que la querella ha presentado y obran en la causa.

Un ataque liso y llano al derecho de defensa de la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril. Imputar a los abogados es buscar pulverizar ese derecho elemental para toda víctima.

La jueza que hizo oídos sordos a los pedidos de recusación de un fiscal que filtró a los medios locales y al ministro de seguridad Berni gran parte de los datos del expediente, el mismo fiscal que dejó plantada a Cristina para irse a volar en helicóptero y desde cuya fiscalía se le dijo a Cristina “fletá a tus abogados, acá tenemos para ofrecerte”, ahora solicita iniciar una causa por delitos federales y sanciones disciplinarias contra Luciano Peretto. Una verdadera vergüenza.

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En diálogo con La Izquierda Diario, Peretto señaló que “para nosotros no es un ataque para mi persona, es un ataque para la querella”, a lo que agregó que es “un despacho absolutamente polémico que creo que pone de manifiesto la visión parcial que tienen los magistrados sobre la causa, y sobre algunas cuestiones que han sido escandalosas y sobre las que no ha tenido la misma conducta.”

“Para nosotros es sin lugar a dudas blanquear una situación que ya venimos sosteniendo sobre la visión que tienen sobre la querella, sobre lo severos que son con la querealla pero no por ejemplo contra el Ministro de Seguridad que viene diciendo la marca y el modelo del vehículo de una testigo de identidad protegida, contra un periodismo que viene está transcribiendo textuales declaraciones testimoniales de identidad protegida”, sentenció Peretto, dando cuenta así de la actuación sistemática y mancomunada entre el fiscal Martínez, el ministro Berni y los medios de Bahía Blanca como La Brújula y La Nueva para encubrir a la Policía Bonaerense.

Luciano Peretto concluyó señalando que “en esta causa hay hijos y entenados, esto va a ser parte de una presentación que vamos a dar difusión para que se pueda poner blanco sobre negro sobre el injusto actuar del magistrado”.

Fuente: La Izquierda Diario